La Comisión ha continuado recibiendo información alarmante de una tendencia observada por la CIDH en su Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, que indica que las defensoras y defensores con frecuencia son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento con el objetivo de obstaculizar sus labores y desacreditar sus causas. Esto, a su vez, los hace más vulnerables a las agresiones y ataques en su contra. La instauración de estos procesos se lleva a cabo con base en tipos penales que tienen una formulación genérica o ambigua, tales como “inducción a la rebelión”, “terrorismo”, “sabotaje”, “apología del delito” y “ataque o resistencia a la autoridad pública”, los cuales tienden a ser utilizados de forma arbitraria por las autoridades.
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